Han pasado más de diez años desde el colapso de Grupo GEO, uno de los desarrolladores de vivienda más grandes del país, y el proceso legal que involucra a Sólida Banorte filial del Grupo Financiero Banorte permanece sin una conclusión clara. Para miles de acreedores afectados, el tiempo transcurrido ha significado una larga espera sin que se vislumbre una solución definitiva.
Aunque diversas denuncias mercantiles y penales se han presentado desde el desplome de GEO, el caso se ha prolongado en las instancias de procuración de justicia, sin que hasta ahora exista certidumbre jurídica sobre el destino de los recursos involucrados ni sobre la reparación del daño.
Si bien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha mantenido abierto el expediente, los acreedores señalan que no se han logrado avances sustanciales, particularmente en dos frentes:
• La definición de posibles responsabilidades entre ejecutivos, directivos o intermediarios vinculados al manejo de los fideicomisos.
• La determinación de mecanismos claros que garanticen la reparación del daño para los afectados.
Los acreedores continúan pidiendo que se esclarezca el papel de Sólida Banorte en su intento de rescate de GEO, pues aseguran que existen elementos que ameritan una revisión profunda sobre posibles omisiones contractuales y fallas en el cumplimiento de sus obligaciones como intermediario financiero. Según señalan, estas situaciones pudieron haber contribuido a que los intereses de los acreedores quedaran en segundo plano durante el proceso.
Sin embargo, también reconocen que la complejidad del caso por el volumen de documentos, contratos, fideicomisos y actores involucrados ha dificultado que se alcance una resolución rápida. La falta de una definición jurídica después de tantos años ha generado frustración entre quienes buscan recuperar su inversión, pero también refleja los retos estructurales que enfrentan los procesos relacionados con delitos financieros de alto impacto.
Por ahora, las autoridades no han anunciado avances significativos ni una ruta clara hacia la conclusión del caso, lo que mantiene a los acreedores en un periodo de incertidumbre que ya supera la década.
Mientras tanto, la demanda central de quienes resultaron perjudicados sigue siendo la misma: una investigación exhaustiva y una resolución que permita recuperar la confianza en las instituciones y cerrar un capítulo que lleva más de diez años abierto.