María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña y defensora de derechos humanos, volvió a alzar la voz para exigir justicia a casi cinco años del ataque con ácido sulfúrico que sufrió el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, agresión que le provocó quemaduras profundas en rostro y cuerpo. Pese a la gravedad del crimen y la evidencia presentada, hasta el momento ninguno de los cinco implicados —dos autores intelectuales y tres materiales— ha recibido sentencia definitiva.
“Nadie me va a devolver la piel con la que nací, pero busco justicia”, expresó Ríos al recordar que ha enfrentado no solo un largo proceso de recuperación física, sino también una batalla judicial marcada por retrasos, omisiones y presiones de grupos de poder. El principal señalado como autor intelectual, el exdiputado local priista Juan Antonio Vera Carrizal, continúa sin sentencia, a pesar de ser vinculado a proceso desde hace más de tres años.
La defensa de la joven artista ha denunciado en diversas ocasiones intentos por favorecer a los imputados mediante recursos legales y estrategias de dilación dentro del sistema judicial, lo que ha prolongado la incertidumbre y el desgaste emocional para ella y su familia. Organizaciones feministas y colectivos contra la violencia ácida han advertido que este caso se ha convertido en un símbolo de la impunidad que enfrentan las mujeres víctimas de violencia extrema en México.
Ríos ha exigido a la Fiscalía de Oaxaca y al Poder Judicial acelerar el proceso para garantizar una resolución justa y ejemplar, en un contexto donde los ataques con sustancias corrosivas han aumentado y continúan sin una tipificación específica en varios estados del país. Especialistas en derechos humanos han señalado que la falta de sentencias firmes envía un mensaje peligroso que normaliza la brutalidad y la violencia misógina.
A lo largo de estos años, la saxofonista ha emprendido campañas bajo el lema “No más ácida impunidad”, impulsando reformas legales para que este tipo de agresiones sean reconocidas como tentativa de feminicidio y se otorguen medidas de protección efectivas a las víctimas. Su lucha ha trascendido fronteras y ha sido reconocida por organismos internacionales que demandan justicia y reparación integral del daño.
El caso de María Elena evidencia profundas fallas estructurales en la atención y protección a mujeres sobrevivientes de violencia extrema, así como la urgencia de sentencias firmes que garanticen verdad y justicia. Para ella, la reparación no solo implica castigo a los responsables, sino también el derecho a vivir sin miedo.
Mientras espera avances judiciales, Ríos continúa utilizando su voz artística y social para denunciar la impunidad. Su mensaje es claro: la justicia no puede seguir postergándose.